El pasado mes de agosto, en pleno debate político sobre otras reformas legislativas, el Gobierno modificó la Ley de Aguas mediante el Real Decreto-Ley 12/2011.
Esta reforma no ha provocado hasta ahora grandes movilizaciones ciudadanas, ni asentamientos en las plazas de nuestros municipios (ni creo que las vaya a haber) ya que las consecuencias que pueda ocasionar no son tan evidentes para nuestra sociedad como las reformas en afectan a la Educación o a la Sanidad. Aún así, los que por nuestra profesión, o por nuestras inquietudes personales, tenemos cierta afinidad con todo lo referente a un recurso tan importante como es el agua, vemos la reforma con cierta preocupación.
La reforma de la Ley supone otorgar a las comunidades autónomas competencias de Policía de Aguas, pasando por alto el Artículo 149 de la Constitución Española dice claramente que serán de competencia estatal "la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma".
Habrá quien no le de mucha importancia a esta parrafada que aparece en nuestra Constitución, y más ahora que los grupos parlamentarios que potencialmente pueden formar gobierno (PP y PSOE) son capaces de reformar un texto de tal relevancia en apenas dos semanas. Pero lo cierto es que este texto ha sido un referente en materia de gestión hídrica, además de motivo de elogio por parte de la Unión Europea, ya que la gestión del agua respondía a un concepto de "unidad de cuenca" y no a límites territoriales. A ver cuando entendemos que el agua no entiende de linderos burocráticos.
En teoría, la reforma se justifica para dar más seguridad jurídica, en materia de aguas, a las comunidades autónomas, pero en realidad lo que ocasionará indudablemente son conflictos continuos entre comunidades que comparten territorio en una misma cuenca hidrológica, ya que, hay que tener en cuenta que cualquier actuación que se realice en una cuenca, afectará en mayor o menor media, al resto del territorio de la cuenca, y si parte de ese territorio está fuera de esa comunidad autónoma, será testigo de forma impotente, de cómo algunas actuaciones que lleva a cabo la comunidad vecina pueden afectar a la calidad y cantidad de las agua de su territorio.
Sin duda, esta reforma supone un gran paso hacia atrás en la política hidráulica de este país, en la que, como ya estamos acostumbrados, el peso que tienen los intereses políticos son infinitamente superiores a los criterios técnicos . Poco a poco, los técnicos vamos perdiendo poder decisión en materias de relevancia, cediéndolo a los intereses partidarios de unos grupos recolectores de votos.
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